Mis pensamientos sobre la elección venezolana del 2024 |
Nota inicial: escribo esto con base en el conocimiento técnico que adquirí sobre el sistema electoral venezolano en 2004, cuando me correspondió estudiarlo de cerca. Mi comprensión del sistema proviene, pues, de hace aproximadamente veinte años. Desconozco si después se introdujeron cambios sustanciales en su arquitectura; cabría suponer que un sistema de esta naturaleza se mantuvo o incluso se perfeccionó, pero eso no lo sé. También es posible que yo haya olvidado algunos detalles o no haya comprendido otros del todo. Tampoco me mantengo de manera constante al día de la evolución política venezolana. Mis observaciones, por tanto, deben leerse dentro de ese alcance. Si las escribo ahora, no es porque me crea el primero en advertirlas, sino porque sigo echando de menos que ciertos puntos se digan con la claridad que merecen.
Escribo estas líneas bastante tiempo después de la elección presidencial venezolana de 2024. Tal vez demasiado tarde para el frenesí de la polémica, pero no para la reflexión.
De hecho, una de las razones por las que escribo ahora es que me sigue llamando extraordinariamente la atención que un punto central del sistema electoral venezolano no haya sido aclarado con la nitidez debida, y que todavía se siga insistiendo tanto en las actas escaneadas como si ellas constituyeran la fuente decisiva de la verdad electoral.
Según el conocimiento que adquirí hace años sobre el diseño de ese sistema, no lo son en absoluto.
Y precisamente por eso me desconcierta que una controversia de tanta magnitud haya permanecido atrapada en ese plano, cuando, al menos en principio, existían mecanismos mucho más sólidos para esclarecer lo ocurrido.
Mi relación con ese sistema
En 2004, a través de Fundacite Mérida, me correspondió colaborar como asesor del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en los meses previos al referéndum revocatorio.
Esa experiencia me llevó a estudiar con atención la arquitectura del sistema electoral venezolano de entonces y, sobre todo, la lógica técnica y jurídica sobre la que descansaba su pretensión de confiabilidad.
Han pasado más de veinte años desde aquel momento y sería imprudente afirmar que conozco con certeza todos los cambios que el sistema ha experimentado desde entonces.
No escribo, pues, desde la postura de quien cree poseer la última palabra, sino desde la memoria técnica de un diseño que conocí bien y que, si no fue alterado en su esencia, vuelve muchas de las cosas que se han dicho en torno a la elección de 2024 profundamente insuficientes.
El primer punto: el acta no es la fuente de verdad
La primera observación que quiero dejar sentada es esta: el sistema electoral venezolano que yo conocí no fue concebido para que el acta de mesa constituyera la fuente de verdad electoral.
No fue así en un sentido débil ni lateral ni discutible. ¡Nunca fue así! En absoluto.
Esa decisión de diseño no fue un capricho ni una sofisticación gratuita. Respondió a una experiencia histórica muy concreta: en procesos anteriores, una parte importante de la vulnerabilidad del sistema había residido precisamente en la manipulación de actas, la alteración de registros manuales y la discordancia entre la voluntad efectivamente expresada por los votantes y su reflejo documental posterior.
El problema, por tanto, no era solamente jurídico; era arquitectónico. Había que diseñar un sistema que retirara del acta toda pretensión de ser el último lugar de la verdad.
Por eso el centro del sistema no era el acta, sino la máquina de votación y la estructura de verificación construida alrededor de ella.
Cómo funcionaba, en esencia, el mecanismo
El elector emitía su voto seleccionando una opción en pantalla. Antes de consumar el acto, podía verificar visualmente su escogencia.
Luego, la máquina imprimía un comprobante físico que el votante cotejaba antes de depositarlo en una caja de resguardo. Este comprobante, aunque valioso para auditar y verificar, no se consideraba oficialmente una fuente de verdad absoluta, pues podía alterarse. Sin embargo, era parte esencial de cualquier auditoría, aun ante la posibilidad de que el votante la alterara.
Podemos decir que un fraude que consista en encontrar serias desavenencias masivas entre el voto electrónico y el comprobante requeriría dos cosas. La primera es una organización nacional para perpetrarlo, que solo sería del lado político interesado en un fraude. La segunda era evadir masivamente los medios de vigilancia en las mesas que custodiaban el momento en que el elector se desplazaba desde la máquina hasta la caja donde depositaría el comprobante.
Pero lo decisivo no era solamente la existencia de ese comprobante. Lo verdaderamente significativo era que el voto quedaba asociado a un identificador singular, una marca de integridad o un código de verificación técnicamente complejo, pensado para permitir la trazabilidad del registro sin comprometer en modo alguno el secreto del sufragio.
Este punto merece subrayarse, porque allí está una de las claves del asunto: la difícil tensión entre el secreto del voto y la posibilidad de auditarlo.
El diseño que yo conocí intentaba resolver esa tensión de manera bastante sobria. La identidad del elector desaparecía; el voto quedaba anonimizado; pero, al mismo tiempo, permanecía una marca singular que permitía verificar, posteriormente, que el comprobante físico, el registro de la máquina y la totalización guardaban correspondencia entre sí.
El voto dejaba de pertenecer a una persona identificable, pero de ninguna manera se disolvía en una niebla inverificable.
Sobre el hash, o código de verificación
Cuando empleo aquí expresiones como “marca de integridad”, “código de verificación” o, si se quiere, “hash”, no estoy usando jerga técnica por afán de ornamentación. Me refiero a una pieza concreta del mecanismo de confiabilidad.
Cada voto quedaba acompañado de una señal singular que permitía reconocer su correspondencia en el sistema sin revelar quién lo había emitido. Esa señal, ese código hash, aparecía asociada al comprobante físico y al registro de la máquina, de modo que una auditoría posterior podía cotejar dichos niveles sin comprometer el anonimato del sufragio.
Y es precisamente allí donde conviene detenerse un poco más.
A veces se habla con demasiada ligereza de la posibilidad de falsificar elecciones, como si se tratara simplemente de producir papeles, fabricar imágenes o publicar documentos con apariencia de legitimidad.
Pero en un sistema de esta naturaleza la dificultad real de una falsificación masiva no reside solamente en la producción material de documentos. Reside en algo mucho más exigente: en la necesidad de preservar simultáneamente la coherencia entre múltiples capas del sistema.
Habría que hacer corresponder el comprobante físico individual con su marca singular; esa marca con el registro electrónico correspondiente; ese registro con la secuencia anonimizada completa almacenada por la máquina; esa secuencia con su respaldo impreso integral; y todo ello, además, con el resultado agregado final.
Falsificar una hoja puede resultar relativamente fácil. Se pueden preparar con antelación actas con muchísima apariencia de verosimilitud, escanearlas, publicarlas en una página web e incluso presentarlas con apariencia de formalidad. Hoy esto no es una tarea difícil para un actor con recursos y competencia técnica.
Pero falsificar de forma consistente una arquitectura de registros sin dejar huellas detectables en una auditoría es otra cosa completamente diferente. La dificultad no es meramente gráfica ni documental: es sistémica.
Una adulteración aislada puede imaginarse; una adulteración masiva, coherente y resistente al cotejo técnico entre papeletas, identificadores, secuencia electrónica y respaldo impreso integral, exige una operación de una complejidad muy superior.
El cierre de mesa y “el chorizo”
Al cierre de la mesa ocurría entonces el momento crucial del procedimiento: la máquina tomaba el conjunto de votos emitidos, ya desligados de la identidad de los electores, y aplicaba a ellos un proceso de desordenamiento o de permutación.
Ese paso era esencial. No bastaba con que el sistema no guardara nombres; también debía impedir que el orden de llegada de los votos pudiera utilizarse después como indicio indirecto para reconstruir la identidad de quien votó.
Una vez anonimizados y reordenados, esos votos quedaban almacenados en el medio electrónico de almacenamiento de la máquina de votación y, además, se generaba una impresión completa de la secuencia, incluyendo sus identificadores y su contenido ya anonimizado. Popularmente, a esa impresión se le llamó “el chorizo”.
Aquí está, a mi juicio, la clave de todo el problema: el acta no constituye fuente de verdad en sentido estricto. Su función es dejar constancia formal del cierre de la mesa, del resultado resumido y de la intervención de los miembros y testigos que participan en dicho acto.
Pero la fuente de verdad del sistema no reposa en esa pieza documental. Reposa en el medio electrónico que almacena la secuencia anonimizada de los votos, en su correspondiente respaldo físico integral —esto es, la impresión completa de dicha secuencia, el llamado chorizo— y, posteriormente, en su transmisión cifrada y en su totalización protegida.
El acta puede acompañar, resumir, formalizar, pero no puede sustituir la fuente primaria de verificación. Decir lo contrario sería, al menos según el sistema que yo conocí, comprender mal su arquitectura.
Pero el procedimiento no terminaba allí. Una vez cerrada la mesa, el contenido de la máquina se transmitía cifrado al centro de totalización. Hasta donde recuerdo, ese centro conservaba cifrada la información recibida y la totalización misma permanecía protegida de ese modo hasta su descifrado.
Ese descifrado no dependía, según recuerdo, de una sola voluntad: la clave estaba dividida en tres partes. Una correspondía al CNE y las otras dos se distribuían entre representantes de los principales partidos políticos, es decir, entre el oficialismo y la oposición. Si mi memoria sobre ese punto es correcta, ello añadía una capa adicional de resguardo institucional al proceso, porque hacía más difícil que una sola parte pudiera manipular por sí sola el momento decisivo de la totalización.
Por qué las actas escaneadas no resuelven nada esencial
Por eso me resulta tan llamativo que se haya querido convertir las actas escaneadas en el gran teatro probatorio de esta controversia, pues, dentro de la lógica técnica del sistema, esas actas no tienen valor concluyente y, estrictamente hablando, no resuelven nada esencial. Incluso si fueran materialmente auténticas, seguirían sin ser la fuente de verdad del sistema.
Y si, además, se las separa del registro electrónico, del respaldo integral de la secuencia de votos y del itinerario cifrado de transmisión y totalización, su valor probatorio disminuye aún más.
No prueban en absoluto una victoria ni bastan por sí solas para desmontar una proclamación.
El lugar de la verdad no está allí. Más todavía: cualquier actor malicioso con suficiente tiempo, organización y competencia técnica podría producir documentos de apariencia semejante y publicarlos con resultados distintos. Pero ni siquiera ese es el punto principal.
El punto principal es que, insisto, aun si no existiera falsificación alguna, seguiría siendo un error conceptual convertir esas actas en la base última del juicio electoral.
El sistema fue diseñado precisamente para que la controversia no se resolviera en el plano del documento suelto, sino en el de una auditoría integral.
Y hay algo adicional que me sigue sorprendiendo. ¿Cómo es posible que personas investidas de autoridad política, institucional o incluso ética hayan cuestionado la elección venezolana apoyándose, en lo esencial, en unas actas escaneadas cuya autenticidad material no puede verificarse por sí sola, cuando el propio diseño del sistema y la legislación electoral ofrecían mecanismos bastante más sólidos para cotejar y verificar el resultado?
No me refiero solamente a actores partidistas interesados en imponer un relato, sino también a voces que, por su investidura, deberían haber sido particularmente cuidadosas al distinguir entre indicios, documentos exhibidos y pruebas verificables. El caso del entonces presidente chileno Gabriel Boric también me parece ilustrativo por otra razón: su reacción fue, a mi juicio, apresurada y probablemente basada en una comprensión insuficiente del sistema electoral venezolano. Tal vez estuvo mal asesorado. Pero eso no atenúa del todo la gravedad del hecho. Cuando un jefe de Estado se pronuncia con tanta premura sobre una elección extranjera, debería hacerlo con un cuidado especial respecto de los mecanismos reales de verificación y no sobre la sola fuerza retórica de documentos cuya autenticidad y alcance probatorio seguían precisamente en discusión.
La pregunta incómoda
Y es aquí donde aparece lo que más me desconcierta: si un actor político tenía la convicción de que el resultado oficial no reflejaba la realidad del voto, entonces la vía natural, robusta, técnica, pero, sobre todo, políticamente convincente y contundente para demostrarlo era la auditoría. ¿Por qué no apeló a este mecanismo?
No es la batalla de imágenes, ni el choque de relatos, ni la acumulación de documentos digitalizados en páginas web, sino el cotejo material y técnico de las papeletas, de las marcas singulares, de los registros electrónicos y de los respaldos impresos integrales, lo que permite demostrar o refutar el resultado. En los términos del sistema que conocí, eso habría permitido esclarecer con bastante solidez qué realmente sucedió.
Y más aún cuando, según recuerdo, en procesos anteriores el sistema electoral venezolano llegó incluso a realizar auditorías de amplitud extraordinaria, hasta abarcar la totalidad o casi la totalidad de las máquinas.
Si semejante grado de revisión fue posible en el pasado, cuesta entender por qué, en una controversia de tanta magnitud, no se llevó el procedimiento auditor a su máxima expresión, o por qué tanta energía pública se desplazó hacia la exhibición de actas escaneadas en lugar de concentrarse en la exigencia de una verificación integral.
Ducho de otro modo: si alguien está sinceramente convencido de que ganó una elección y de que el resultado oficial es fraudulento, entonces, en un sistema de este tipo, la auditoría es su mejor aliada. Debería ser, incluso, su exigencia principal. Porque es allí, y no en otra parte, donde la arquitectura del sistema permite separar el relato de la demostración.
A ello se suma otra pregunta que no me parece menor. Si, como recuerdo, la totalización permanecía cifrada y su descifrado dependía de una clave dividida en tres partes —una en manos del CNE y las otras en manos de representantes de los principales bloques políticos—, entonces resulta todavía más difícil de entender el silencio o la insuficiencia de ciertas denuncias.
¿Por qué el sector opositor, que poseía una parte de ese resguardo, no presentó una denuncia técnica de mayor entidad? ¿Por qué tampoco lo hicieron, con la contundencia esperable, los rectores identificados con la oposición? Si el sistema ofrecía ese tipo de participación en un momento tan sensible del proceso, la ausencia de una impugnación técnica proporcional a la gravedad del reclamo no hace sino aumentar la extrañeza del caso.
También es cierto lo inverso: a quien le convenga desviar la atención de la fuente real de verificación le resultará siempre útil concentrar la discusión en documentos que, aunque aparenten legitimidad, no ocupan en realidad ese lugar dentro del sistema.
La opacidad institucional
Sería, sin embargo, poco honesto detener el análisis allí. También, del lado institucional, hay hechos que me parecen profundamente inquietantes.
Tradicionalmente, el Consejo Nacional Electoral publicaba el desglose detallado de los resultados mesa por mesa. Que esa publicación no se haya producido de manera clara y oportuna en aquella ocasión constituye una anomalía muy grave.
La transparencia electoral no consiste únicamente en emitir un veredicto. Consiste en exponer, dentro de límites razonables, las bases de verificabilidad del veredicto. Cuando el organismo electoral proclama, pero no transparenta lo suficiente, introduce en la vida pública una sospecha que luego resulta muy difícil de disipar.
A ello se han sumado versiones, rumores e hipótesis sobre posibles sabotajes en la transmisión de datos o incluso sobre afectaciones severas en los sistemas de totalización. No me consta la veracidad de esas afirmaciones y sería impropio presentarlas como hechos. Pero sí cabe decir que, de haber ocurrido algo semejante, ello podría ayudar a explicar por qué no se publicó el detalle esperado y por qué la controversia se prolongó de manera tan anómala.
Ahora bien, una explicación posible no equivale a una justificación suficiente. Si hubo una afectación técnica grave, ello no suprime la necesidad de verificación; al contrario, la vuelve todavía más urgente.
Mi impresión final
Mi impresión, entonces, es bastante simple, aunque sus implicaciones sean incómodas.
Si el sistema electoral venezolano de 2024 conservaba las bases del diseño que yo conocí en 2004, la verdad electoral no debía decidirse ni por la mera autoridad desnuda ni por la mera retórica partidista. Debía decidirse mediante auditorías, cotejos, verificación de la consistencia de los registros, examen de comprobantes, verificación de identificadores y revisión integral de la correspondencia entre el soporte físico y el electrónico. Para eso fue construido el sistema. Su promesa no era abolir mágicamente toda sospecha, sino ofrecer procedimientos para resolverla.
Porque si la controversia no fue llevada hasta ese punto, entonces el país quedó suspendido entre afirmaciones incompatibles y pruebas incompletas. Y cuando un sistema concebido para producir certidumbre institucional termina generando incertidumbre pública, la falla ya no es solamente política. Es también una falla del conocimiento público del Estado: la incapacidad para mostrar de manera convincente qué sabe y qué afirma saber.
No escribo estas líneas para favorecer a un bando ni para descalificar a otro. Las escribo, más bien, porque sigo sorprendido de que nadie haya querido o sabido poner este punto en el centro del debate: que, según la lógica del sistema que yo conocí, la controversia no debía resolverse con actas escaneadas, sino con auditorías.
Si hubo fraude, un sistema como ese debía permitir demostrarlo. Pero si no lo hubo, también debía permitir que se demostrara.
Y si por alguna razón esa demostración no pudo producirse de forma suficiente, entonces la cuestión no se agota en quién proclamó qué, ni en quién publicó cuáles documentos.
Entre la opacidad del gobierno, la precipitación de la oposición, la incompetencia del CNE, la intervención del Tribunal Supremo y la ligereza de ciertos actores externos, se ha terminado deslegitimando ante el país y ante el mundo un sistema electoral que, al menos en su diseño original, era técnicamente muy bueno y ofrecía mecanismos completos de verificación. Y lo verdaderamente grave es que se haya terminado discutiendo la elección fuera del único terreno en el que podía verificarse seriamente. Allí, más que una anomalía técnica o una disputa partidista, hay un deterioro más hondo y quiźa irreversible: la renuncia al único procedimiento que todavía podía discernir la verdad verificable del proselitismo.
This document was translated from LATEX by HEVEA.
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