Mis pensamientos sobre la elección venezolana del 2024 |
Nota inicial: escribo esto con base en el conocimiento técnico que adquirí sobre el sistema electoral venezolano en 2004, cuando me correspondió estudiarlo de cerca. Mi comprensión del sistema proviene, pues, de hace aproximadamente veinte años. Desconozco si después se introdujeron cambios sustanciales en su arquitectura; sería natural pensar que un sistema de esa naturaleza se hubiese mantenido o incluso perfeccionado, pero eso no lo sé. También es posible que yo haya olvidado algunos detalles o no haya comprendido otros del todo. Tampoco sigo de manera constante la evolución política venezolana. Mis observaciones deben leerse, pues, dentro de ese alcance. Y si las escribo ahora, no es porque me crea el primero en advertirlas, sino porque sigo echando de menos que ciertos puntos se digan con la claridad que merecen.
Escribo esto bastante tiempo después de la elección presidencial venezolana de 2024. Lo escribo tarde, sí. Pero quizá haya cosas que solo se pueden escribir tarde, cuando el ruído ha bajado un poco, cuando el reparto de consignas ya se hizo, cuando la propaganda ya cobró lo suyo, cuando la gente que primero gritó después empieza, quizá, a pensar.
Lo que me empuja a escribir no es solo la duda. Es, sobre todo, la indignación.
Me sigue llamando extraordinariamente la atención que un punto central del sistema electoral venezolano no haya sido colocado en el centro de la discusión, mientras que patéticamente se insistió, con mucha pobreza intelectual, en las actas escaneadas como si allí reposara la verdad definitiva del proceso. Según el conocimiento que yo llegué a tener de ese sistema, no era así. Y por eso me sigue pareciendo extraño, irritante y, en el fondo, humillante, que una controversia de semejante magnitud haya terminado discutiéndose justamente en ese plano, cuando existían, al menos en principio, mecanismos bastante más sólidos para averiguar qué fue lo que realmente ocurrió.
Buena parte de lo que se dijo sobre esa elección me parece intelectualmente poble. No hablo solo de la opacidad del gobierno, del silencio del CNE o de la intervención posterior del Tribunal Supremo, que ya de por sí bastarían para despertar sospecha y repulsión. Hablo también -y con especial molestia- de la típica superficialidad y zaña con la que buena parte de la oposición decidió instalar la discusión en un terreno mucho más útil para el relato y sus intereses que para la demostración.
Mi relación con ese sistema
En 2004, a través de Fundacite Mérida, me correspondió colaborar como asesor del Consejo Nacional Electoral en los meses previos al referéndum revocatorio.
Aquella experiencia me obligó a estudiar con cierto detenimiento la arquitectura del sistema electoral venezolano de entonces, y sobre todo la lógica técnica que pretendía sostener su confiabilidad.
Han pasado más de veinte años desde aquel momento. Sería imprudente afirmar que conozco con certeza todo lo que el sistema haya podido cambiar desde entonces. Escribo, pues, desde la memoria técnica de un diseño que conocí bien y que, si no fue alterado en su esencia, vuelve insuficientes -y a ratos francamente grotescas- muchas de las cosas que se han dicho en torno a la elección de 2024.
El primer punto: el acta no ocupaba el lugar último de la verdad
Permítaseme dejar sentado, desde el principio, un punto que me parece decisivo: el sistema electoral venezolano que yo conocí no fue concebido para que el acta de mesa fuese la fuente de verdad electoral.
No lo fue tangencialmente. No lo fue por accidente. Nunca lo fue en absoluto.
Y no fue así por una razón muy concreta. El sistema que se implantó respondía, entre otras cosas, al hecho de que en procesos anteriores el acta había sido justamente una de las zonas de mayor vulnerabilidad. Habían discordancias entre lo que la gente votaba y lo que luego quedaba asentado. Se perpetraban fraudes y manipulaciones, algunas veces muy torpes, otras sofisticadas, pero fraudes al fin.
El problema, por tanto, no era solamente jurídico. Era arquitectónico. Había que construir un sistema que le arrebatara al acta ese privilegio de ser el último lugar de la verdad. Había que desplazar el centro del proceso hacia otro sitio. Y ese otro sitio era la máquina de votación y la estructura de verificación construida alrededor de ella.
Cómo funcionaba, en esencia, el mecanismo
El elector emitía su voto seleccionando una opción en pantalla. Antes de consumar el acto, podía verificar visualmente su escogencia.
Luego, la máquina imprimía un comprobante físico que el votante cotejaba antes de depositarlo en una caja de resguardo. Ese comprobante tenía mucha relevancia, desde luego. Formaba parte esencial del andamiaje de auditoría. Pero no agotaba, por sí solo, la lógica completa del mecanismo.
Y aquí ya empieza una de las grandes vulgaridades de esta discusión pública: hablar del acta de la mesa electoral si se tratara de piezas aisladas, autosuficientes, casi sagradas. No. Su sentido estaba en la cadena, no en la hoja suelta. Su fuerza estaba en el cotejo, no en la exhibición.
Para que hubiese una desavenencia masiva entre lo electrónico y lo físico no bastaría con una irregularidad menor o con una viveza local. Haría falta una operación de mayor entidad: organización, coordinación, cobertura política y, además, la capacidad de eludir o neutralizar los mecanismos de vigilancia en el momento preciso en que el elector se desplazaba desde la máquina hasta la caja donde depositaba el comprobante.
No digo que algo así sea metafísicamente imposible. Digo que en el sistema electoral venezolano no solo es muy dificil perpetrar un fraude, sino que de lograrlo es casi imposible que no sea detectado
Sin embargo, lo decisivo no era solamente la existencia de ese comprobante. Lo verdaderamente significativo era que el voto quedaba asociado a un identificador singular, a una marca de integridad, a un código de verificación técnicamente complejo, pensado para permitir la trazabilidad del registro sin comprometer el secreto del sufragio.
Y aquí estaba una de las claves del sistema: esa tensión difícil entre el secreto del voto y la posibilidad de auditarlo. El diseño que yo conocí intentaba resolverla de una manera bastante elegante. La identidad del elector desaparecía; el voto quedaba anonimizado; pero al mismo tiempo permanecía una marca singular que permitía verificar, posteriormente, que el comprobante físico, el registro de la máquina y la totalización guardaban correspondencia entre sí.
El voto dejaba de pertenecer a una persona identificable, pero no se disolvía en una niebla inverificable.
Sobre el hash, o código de verificación
Cuando hablo aquí de “marca de integridad”, de “código de verificación” o incluso de “hash”, no estoy usando una palabra prestigiosa para adornar un argumento. Me refiero a una pieza concreta del mecanismo de confiabilidad.
Cada voto quedaba acompañado por una señal singular probabilísticamente única que permitía reconocer su correspondencia dentro del sistema sin revelar quién lo había emitido. Esa señal aparecía asociada tanto al comprobante físico como al registro de la máquina, de manera que una auditoría posterior podía cotejar ambos niveles sin romper el anonimato del sufragio.
Conviene detenerse aquí, porque justamente en este punto se vuelve evidente hasta qué punto se degeneró la discusión pública. A veces se habla de falsificar elecciones como si el asunto consistiera, simplemente, en fabricar papeles o en publicar imágenes con apariencia de autenticidad. Pero en un sistema de esta naturaleza la dificultad real de una falsificación masiva no reside solo en producir documentos. Reside en algo bastante más exigente: en preservar simultáneamente la coherencia a través de las capas del sistema.
No bastaría con falsificar una hoja. Habría que hacer corresponder el comprobante físico con su marca singular; esa marca con el registro electrónico respectivo; ese registro con la secuencia anonimizada almacenada por la máquina; esa secuencia con su respaldo impreso integral; y todo ello, además, con el resultado agregado final.
Una alteración aislada puede imaginarse. Pero una adulteración masiva, coherente y resistente a la auditoría ya pertenece a otro orden de dificultad.
Por eso es exasperante la banalidad con la que se ha hablado del tema. Se opina sobre un sistema complejo con la desenvoltura con que se comenta una intriga de telenovela. Y eso, cuando se trata de una elección presidencial, además de ser una ligereza, es una falta grave, un delito.
El cierre de mesa, “el chorizo” y las papeletas
Al cierre de la mesa ocurría el momento crucial del procedimiento. La máquina tomaba el conjunto de votos emitidos, ya desligados de la identidad de los electores, y aplicaba a ellos un proceso de desordenamiento o permutación.
Ese paso era esencial. No bastaba con que el sistema no guardara nombres. También debía impedir que el orden de llegada de los votos pudiera utilizarse después como indicio indirecto para reconstruir la identidad de quien votó.
Una vez anonimizados y reordenados, esos votos quedaban almacenados en el medio electrónico de la máquina y, además, se generaba una impresión completa de la secuencia permutada, incluyendo sus identificadores y su contenido ya anonimizado. Popularmente, a esa impresión se le llamó “el chorizo”.
Aquí esta, a mi juicio, la clave del asunto. No en el fetiche del acta de mesa escaneada. No en la imagen subida a una página web. No en la circulación histérica de documentos aislados. La clave está aquí: en el contenido de la máquina de votación, su respaldo impreso (chorizo), en las papeletas, y en el cotejo entre ambas cosas y el registro electrónico.
El acta de cierre de mesa podía acompañar, resumir, formalizar. Pero no podía sustituir la fuente primaria de verificación.
Y eso es justamente lo que vuelve tan irritante la discusión posterior. El país fue arrastrado a mirar donde no debía mirar. Se le enseñó a mirar el teatro y no el mecanismo. Se le empujó hacia la copia y se le apartó del cotejo. Se le invitó a tomar partido antes que a verificar.
¿Y dónde estaba el lugar correcto? En el contenido de la máquina de votación y las papeletas. En el cotejo. Allí. No en otra parte.
La transmisión cifrada y la totalización protegida
Pero el procedimiento no terminaba allí. Una vez cerrada la mesa, el contenido de la máquina se transmitía cifrado al centro de totalización. Hasta donde recuerdo, ese centro conservaba cifrada la información recibida y la totalización misma permanecía protegida de ese modo hasta su descifrado.
Ese descifrado, según recuerdo, no dependía de una sola voluntad: la clave estaba dividida en tres partes. Una correspondía al CNE y las otras dos se distribuían entre representantes de los principales partidos políticos, es decir, entre el oficialismo y la oposición. Si mi memoria sobre ese punto es correcta, ello añadía una capa adicional de resguardo institucional al proceso, porque hacía más difícil que una sola parte pudiera manipular por sí sola el momento decisivo de la totalización.
Y aquí comienza una de las preguntas que más me indignan. Si el sistema tenía ese tipo de resguardos, si ofrecía esa clase de arquitectura, si disponía de mecanismos para que varias instancias participaran en el momento delicado del descifrado y la totalización, ¿cómo fue posible que la discusión pública terminara rebajada al nivel de una pelea de telenovela teatral alrededor de copias escaneadas?
Por qué las actas escaneadas no resuelven nada esencial
Por eso me resulta tan llamativo que se haya querido convertir las actas escaneadas en el gran teatro probatorio de esta controversia. Dentro de la lógica técnica del sistema, esas actas no tenían valor concluyente y, estrictamente hablando, no resolvían nada esencial. Incluso si fueran materialmente auténticas, seguían sin ocupar por sí solas el lugar de verdad del sistema.
Y si, además, se las separa del registro electrónico, del respaldo integral de la secuencia de votos y del itinerario cifrado de transmisión y totalización, su valor probatorio dismiye todavía más.
No prueban por sí solas una victoria ni bastan por sí solas para desmontar una proclamación.
El lugar de la verdad no está allí. Más todavía: cualquier actor con suficiente tiempo, organización y competencia técnica puede producir documentos de apariencia semejante y publicarlos con resultados distintos. Pero ni siquiera ese es el punto principal.
El punto principal es otro: aun si no hubiese falsificación alguna, es un error conceptual convertir esas actas en la base última del juicio electoral.
Y aquí es donde mi reproche hacia la oposición y el gobierno deviene más duro. Si había un lugar correcto donde mirar, ese lugar correcto era el registro electrónico (o su copia física, el “chorizo”) y las papeletas, ¿por qué, tal como se ha hecho en el pasado, no se le planteó al país a mirar allí? ¿Por qué no se colocó toda la presión política, jurídica y moral sobre ese punto? ¿Por qué no se repitió, hasta el cansancio, que allí era donde el sistema podía hablar? ¿Por qué se prefirió la espectacularidad de las actas escaneadas a la fuerza logísticamente más incómoda, pero mucho más seria, de una auditoría integral?
Eso no es un detalle. Es una negligencia enorme, probablemente con una enorme carga de ignorancia de la mayoría de las partes, pero gravemente del propio gobierno quien debería de conocer muy bien el sistema. Si no fue ignorancia, fue cálculo. Ninguna de las tres posibilidades deja bien parada a la oposición y al gobierno.
La pregunta incómoda
Aquí es donde mi desconcierto se vuelve molestia moral.
Si un actor político estaba sinceramente convencido de que el resultado oficial no reflejaba la realidad del voto, entonces la vía natural, robusta, técnica y políticamente incontestable para demostrarlo era la auditoría. No el ruido y teatralidad moral. No la rápida conversión de unas actas escaneadas en fetiche probatorio. Es la auditoría.
Pero no cualquier auditoría dicha de paso, como quien menciona una palabra técnica para adornar una consigna. No. La auditoría real: abrir cajas, cotejar papeletas, revisar la máquina, hacer corresponder el respaldo físico con el registro electrónico y forzar al sistema a hablar donde podía hablar.
Y esto es precisamente lo que vuelve tan difícil de digerir la conducta de la oposición. Porque una oposición realmente segura de su victoria, en un sistema como ese, habría debido volcar toda su energía en ese mecanismo. Habría debido exigirlo con obsesión. Habría debido repetir, una y otra vez, que la verdad no estaba en la exhibición de copias escaneadas sino en el cotejo entre papeletas y la maquinao. Habría debido forzar al país a mirar allí. Y lo mismo aplica al gobierno.
Y, sin embargo, no fue eso lo que ocurrió.
El esfuerzo de la oposición se enfocó hacia la escenificación documental, hacia la circulación de copias, hacia el relato apoyado en documentos exhibidos, hacia un terreno mucho más apto para la propaganda que para la demostración. Mientras que el el esfuerzo, si acaso se puede tildar así, consitió en no mantener la tradición de publicar los resultados mesa por mesa ni de insistir en la auditoría.
Una cosa es oponerse a un gobierno opaco, autoritario o arbitrario y otra muy distinta es contribuir, por ligereza, por precipitación o por cálculo político, a que la discusión pública abandone justamente el único terreno donde el resultado podía verificarse con seriedad.
Si alguien está convencido de que ganó una elección y de que el resultado oficial es fraudulento, entonces, en un sistema de este tipo, la auditoría no es una opción secundaria. Es su mejor aliada. Debería ser, incluso, su exigencia principal. Que no haya sido así no me parece un detalle menor. Me parece una de las claves más amargas de todo este episodio.
Y todavía hay una pregunta más incómoda. Si, como recuerdo, la totalización permanecía cifrada y su descifrado dependía de una clave dividida en tres partes —una en manos del CNE y las otras en manos de representantes de los principales bloques políticos—, entonces el silencio o la insuficiencia de ciertas denuncias se vuelve todavía más difícil de entender. ¿Por qué el sector opositor, que poseía una parte de ese resguardo, no produjo una denuncia técnica de mayor entidad? ¿Por qué tampoco lo hicieron, con la contundencia esperable, los rectores identificados con la oposición? Si el sistema ofrecía ese tipo de participación en un momento tan sensible del proceso, la desproporción entre la gravedad del reclamo y la pobreza técnica de la impugnación no puede sino aumentar la extrañeza del caso.
Si la oposición realmente estaba tan segura de su razón, entonces su conducta posterior fue, en el mejor de los casos, intelectualmente floja; y en el peor, profundamente inmoral. Y una irresponsabilidad así no solo enturbia una coyuntura, sino que puede contribuir a destruir el crédito del propio instrumento que hubiese permitido esclarecerla.
La opacidad institucional
Sería, sin embargo, deshonesto detenerme aquí. También del lado institucional hay hechos profundamente inquietantes.
Tradicionalmente, el Consejo Nacional Electoral publicaba el desglose detallado de los resultados mesa por mesa. Que esa publicación no se haya producido de manera clara y oportuna constituye una anomalía muy grave.
La transparencia electoral no consiste únicamente en emitir un veredicto. Consiste en exponer, dentro de límites razonables, las bases de su verificabilidad. Si el organismo electoral proclama, pero no transparenta lo suficiente, introduce una sospecha de fraude o de incompetencia que evidentemente resulta muy difícil de disipar, lo cual, a su vez, fractura la confianza.
A todo esto se suman versiones, rumores e hipótesis sobre posibles sabotajes en la transmisión de datos o incluso sobre afectaciones severas en los sistemas de totalización. No me consta la veracidad de esas afirmaciones y sería impropio presentarlas como hechos. Pero sí cabe decir que, de haber ocurrido algo semejante, a pesar de que ello ayudaría a explicar por qué no se publicó el detalle esperado y por qué la controversia se prolongó de manera tan anómala, sigue siendo urgente y necesaria una explicacion detallada de lo que ocurrido. Explicación que a casi dos años de los sucesos aún no se ha dado.
Ahora bien, aunque me parece muy improbable que ocurra, una explicación de lo sucedido no equivale a una justificación suficiente. Si hubo una afectación técnica grave, ello no suprime la necesidad de verificación. La vuelve todavía más urgente.
Mi impresión final
Si el sistema electoral venezolano de 2024 conservaba en lo esencial las bases del diseño que yo conocí en 2004, la verdad electoral no debía decidirse ni por la mera autoridad desnuda ni por la sola retórica partidista. Debía decidirse mediante auditorías, cotejos, verificación de registros, examen de comprobantes y revisión de la correspondencia entre el soporte físico y el electrónico. Para eso había sido construido el sistema.
Si hubo fraude, un sistema como ese debía permitir demostrarlo. Y si no lo hubo, también debía permitir que se demostrara.
Quizá la tragedia mayor de todo esto no sea solo la disputa en torno al resultado, sino otra cosa: que entre la opacidad del gobierno, la incompetencia del CNE, la intervención del Tribunal Supremo, la ligereza de ciertos actores externos y, sobre todo, la negligencia, la ignorancia o el cálculo con que el gobierno y la oposición decidieron apartar la mirada del lugar correcto: las papeletas y las máquinas de votaciones, se haya terminado deslegitimando ante el país y ante el mundo un sistema electoral que, al menos en su diseño original, era técnicamente muy bueno y ofrecía mecanismos sólidos de verificación.
Porque no se trató únicamente de una lucha por el poder. Se trató también de una degradación colectiva del juicio. Entre todos, pero no en partes iguales, se fue desplazando la discusión fuera del único terreno donde todavía era posible distinguir con seriedad la verdad del proselitismo, la verificación de la consigna, la prueba del teatro político.
Y esto es lo verdaderamente grave: se renunció, voluntaria, cobarde, ignorante o cínicamente, al único procedimiento que todavía podía hacer hablar a la realidad.
This document was translated from LATEX by HEVEA.
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